La inversión inmobiliaria en Uruguay ha alcanzado niveles récord, impulsada por una ley de vivienda promovida que comenzó en el gobierno de José Mujica y ha sido flexibilizada por los sucesivos gobiernos, incluyendo el de Luis Lacalle Pou. Esta ley ha permitido la construcción de viviendas a gran escala, revitalizando barrios y creando empleo en el sector.
Inicialmente, la ley ofrecía exoneraciones fiscales para proyectos de vivienda de interés social fuera de la costa, pero tras reformas en 2014 y 2017, se introdujeron topes en los precios de venta, lo que redujo el ritmo de nuevos proyectos. Sin embargo, las modificaciones realizadas en 2020 han reavivado el sector, con un aumento significativo en la cantidad de viviendas promovidas y en la inversión.
A pesar del crecimiento, se han planteado críticas sobre el acceso a la vivienda, ya que una gran proporción de las unidades construidas se destina a la inversión en lugar de al uso personal. Esto ha generado preocupación entre actores sociales y políticos, quienes abogan por un enfoque que garantice que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.
Además, aunque el aumento de la oferta ha contribuido a la estabilización de precios de alquiler, el costo de construcción sigue siendo elevado, lo que complica aún más el acceso a la vivienda para sectores de ingresos medios y bajos. Se busca que el acceso al crédito se flexibilice para facilitar la compra de viviendas, pero los promotores señalan que los topes de rentabilidad actuales limitan su interés en algunos programas estatales.
En resumen, aunque la ley ha generado un dinamismo en la construcción y el empleo, persisten desafíos en el acceso a la vivienda, especialmente para quienes aspiran a ser propietarios. La necesidad de equilibrar los beneficios al sector privado con el objetivo social de la ley sigue siendo un tema clave en el debate político y social.